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Política en Verde
Hablemos de la Ley de Dependencia PDF Imprimir E-Mail
Pilar Sánchez Acera

El 14 de Diciembre de 2006, a propuesta del Gobierno de España del Presidente Rodríguez Zapatero, se aprobó en el congreso de diputados la Ley 39/2006, más conocida como la Ley de Dependencia.

La Ley establece un nuevo derecho universal y subjetivo que garantiza atención y cuidados a las personas mayores y personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

La ley configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como cuarto pilar del Estado del Bienestar en España, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones. El SAAD tiene como fin promover la autonomía personal y garantizar la atención y protección de las personas en situación de dependencia en todo el territorio nacional, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias.

Para la implantación del SAAD es imprescindible la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, con un protagonismo especial de las Comunidades Autónomas, encargadas de desarrollar la ley en su término territorial de actuación.

Sin embargo, aquí en Madrid, esta colaboración y lealtad institucional no se aprecia ni de lejos. Que la Comunidad de Madrid es de las últimas comunidades en cuanto a desarrollo de la Ley de Dependencia es público y notorio. Ya no hay nadie, no en Madrid, sino en todo el territorio español que se atreva a ponerlo en duda. Ni siquiera el propio gobierno regional ni Esperanza Aguirre, que como excusa dicen es que Madrid es diferente, y que las estadísticas que sirven para 16 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas, pues no nos valen para nuestra Comunidad.
Es un hecho evidente, por tanto, la precariedad de recursos humanos destinados a tal fin, cuando la Ley 39/2006, en los diversos apartados de su artículo 11, señala con nitidez la responsabilidad de la administración autonómica para ordenar, planificar, coordinar y gestionar la implantación del Derecho de todos los madrileños y madrileñas a la autonomía personal y  a la correspondiente atención, en su caso, de su dependencia.

Es evidente también que, una vez más el Gobierno Regional, y en este caso la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, suspenden en informar y aplicar derechos a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que deberían tener ya.

A modo de ejemplo, durante 2009 sólo ha habido 64 evaluadores de grado de dependencia en la Comunidad de Madrid, frente a los más de 130 en Cataluña.

Y para que veáis cómo se las gasta la Presidenta Regional con el único fin de boicotear una Ley que propuso José Luis Rodríguez Zapatero, os dejo unos datos. Datos absolutamente significativos; y seguramente convendréis después conmigo que Esperanza Aguirre nos tima  a todos los madrileños y españoles con la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia en la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de España transfiere dinero a las Comunidades Autónomas para aplicar la Ley por varios conceptos:
1.- A través de un Convenio de colaboración, que es el llamado nivel mínimo de financiación,  entre el Ministerio y las Comunidades. En este caso de 281 millones de euros que había para toda España a Madrid le han correspondido 29.722.849euros en 2009.
2.- Tras la aprobación por parte del Gobierno de la nación que preside José Luis Rodríguez Zapatero del Plan E, se destinó en concepto de partidas para la aplicación de la Ley de Dependencia, 400 millones más de euros para todas las Comunidades Autónomas. De ellos le correspondió a la Comunidad de Madrid 39 millones de euros;  millones que aceptó Esperanza Aguirre del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales haciéndose una foto y todo con Trinidad Jiménez, nuestra Ministra.
3.- Además de esto, por cada persona en situación de dependencia, valorada y según su grado, mensualmente se transfiere a cada Comunidad más dinero, aproximadamente 60 millones de euros en 2009. Siempre y cuando estén valorados y con el Programa Individual de atención realizado.
Según la última estadística ministerial de 1 de febrero de 2010, la Comunidad de Madrid ha presentado 64.000 solicitudes de dependencia, un 5,54% de la población dependiente en España (El libro Blanco nos estimaba en el 11%)
De las cuales hay unas 50.000 personas en Madrid Comunidad, valoradas y con el grado adecuado para recibir una prestación.
Pero sólo hay 27.000 personas en situación de dependencia que estando valoradas reciban una prestación a través de la Ley. El resto aún están esperando saber cuál es la prestación que van a recibir.
Como véis, ni se informa, ni se tramita, ni se valora. Eso sí se reciben los millones de euros que no están sirviendo para mejorar la vida a las personas en situación de dependencia. Ese dinero irá a pagar Telemadrid, publicidad y propaganda, o los intereses de la deuda de la Comunidad.

(Publicado por nuestra colaboradora en una revista de Fuenlabrada-Madrid)

 
El boicot de Aguirre a la Ley de Dependencia PDF Imprimir E-Mail
Pilar Sánchez Acera

Creíamos que lo habíamos visto y oído todo en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid; pero no. Hoy la Presidenta regional nos ha sorprendido responsabilizando a los funcionarios que valoran del retraso que se produce.

A mí esta última excentricidad de Esperanza Aguirre aparte de estupor me ha causado pavor. ¿Cómo se atreve esta mujer a responsabilizar de su propio boicot a la Ley de Dependencia a los trabajadores públicos?.

A mí esta actitud me parece realmente vergonzosa como poco. Ojo con el diagnóstico y con la receta, porque suena a hacer negocio de los servicios sociales. La jefa del Ejecutivo autonómico reconoce hoy que es “probable” que se tarde mucho tiempo en valorar el grado de Dependencia de los pacientes en la región porque lo tienen que hacer funcionarios y no empresas externas especializadas.

Vaya por Dios, no sabíamos por qué ese empeño  de doña Esperanza de boicotear la Ley, y hete aquí que hoy nos enteramos; es que no se puede privatizar.

Evidentemente sigo pensando que lo primero que hay que lamentar es el hecho de que el grado de aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad “siga siendo deficiente tras tres años de su aprobación en el Parlamento español.

Y es evidente que este retraso en la Comunidad de Madrid no se debe a la actuación de los trabajadores públicos, que siguen las instrucciones de sus superiores, sino a una decisión política del Gobierno regional de retrasar la aplicación de la Ley de Dependencia. Además hay que indicar que no fue hasta mayo de 2008 que la Comunidad de Madrid aprobó la normativa económica para desarrollar esta ley en la región.

Lo segundo a señalar es que son casi cerca de 200.000 personas las que deberían haber sido valoradas en la Comunidad de Madrid –según nuestros cálculos–, y sn embargo sólo 26.000 de ellas tienen establecido el Programa Individual de Atención (PIA) pero muchas de ellas aún no reciben su prestación.

Y todo esto apunta a que existe un “boicot” del Gobierno de Esperanza Aguirre a la aplicación de la Ley de Dependencia. En este sentido una cree que es absolutamente inmoral que la Comunidad no sólo no ponga en marcha la Ley plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo haga a costa de reducir otros servicios sociales fundamentales, como la atención a mayores no dependientes.

Por último, es  incomprensible que una de las comunidades con mayor número de personas en situación de dependencia como es la de Madrid, haya estado ralentizando y paralizando la efectividad de esta ley. Al final los únicos perjudicados han sido los dependientes madrileños y sus familias, mientras el Gobierno Aguirre ha estado recibiendo las cantidades económicas que el Estado tiene destinado para Madrid por este concepto, que han superado con creces los 40 millones de euros que dice Aguirre, ya que el año pasado Madrid recibió más de 100 millones de euros.

Lo más triste de todo es que si contaran con la ayuda de los ayuntamientos tendrían en seis meses, tal como hemos planteado los socialistas, la aplicación de la ley en cada caso.

 
Juan López de Uralde PDF Imprimir E-Mail
Pilar Sánchez Acera

Le he visto hoy en la tele, saliendo con una sonrisa enorme por la puerta del aeropuerto de Barajas. Le he visto acompañado de sus hijos, rodeado de sus compañeros y amigos de Greenpeace. Y he pensado que regresaba a casa un hombre satisfecho de sí mismo, y del que todos deberíamos sentirnos orgullosos.

Y yo así me he sentido. Orgullosa de saber que hay personas como López de Uralde que un buen día dicen hasta luego a su familia y se van a concienciar al mundo de la necesidad de atajar el Cambio Climático en nuestro planeta.

Y que de pronto se encuentran en una de las situaciones más absurdas que un ciudadano europeo se pueda imaginar que pasaría en Dinamarca.  Que te echen del acto donde has ido a realizar la llamada de atención de aquellos responsables políticos que aún no consideran lo suficientemente importante la lucha por el medioambiente, se entiende y se espera.

Incluso he escuchado a Juantxu decir que esperaba hasta pasar una noche retenido, ¡pero pasar 20 días detenido, incomunicado, en condiciones que poco tienen que ver con un trato digno a un ciudadano!, yo creo que nadie pensaba que podía suceder en la Europa moderna y la Europa de los ciudadanos.

Hoy sólo creo que se debe expresar agradecimiento a Juantxu, a Greenpeace y todos los luchadores porque nos conciencemos de que el Cambio Climático existe y algo debemos hacer. Por su compromiso social y personal, por su denuncia constante cueste lo que cueste, por su defensa de nuestro planeta y nuestros derechos.

Fue triste acabar el 2009 con Juan López de Uralde detenido y privado de libertad; comenzamos el 2010 con su puesta en libertad y la vuelta de la razón, ojalá que sigamos así.

 
Dignidad de las minorías sociales PDF Imprimir E-Mail
Pilar Sánchez Acera

Desde el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid se ha decidido presentar para el año 2010 una Proposición de Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

El objeto de la Ley es garantizar el derecho de las personas que adopten el sexo contrario al de su nacimiento, a recibir de la Administración autonómica una atención integral y adecuada a sus necesidades y a que estén en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

Navarra la está tramitando, ya ha sido aprobada en pleno, y ahora es tiempo de enmiendas. Andalucía ya la está tramitando también.

Tanto la UE en su Carta de Derechos fundamentales aprobada en Niza el 17/12/2000; como el Preámbulo de la Constitución española de 1978 así como en su artículo 14, como la ONU a través de los principios de Yogyakarta sobre aplicación de la Legislación Internacional de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, presentados el 26 de marzo de 2007 a través de la Comisión Internacional de juristas y el servicio internacional para los Derechos Humanos; ampara esta futura proposición de ley.

Todo esto hace aconsejable profundizar en la senda abierta por el legislador estatal tras la aprobación de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Una profundización que conlleva una atención integral más allá del ámbito meramente registral; ya que se prestará especial atención a uno de los colectivos históricamente más desfavorecidos en lo social y lo económico, dadas sus específicas necesidades sanitarias, psicológicas, laborales y sociales, para facilitar su integración plena en nuestra sociedad.

Estas son las razones objetivas para la presentación y aprobación de la Ley; pero hay otra que es subjetiva. Y esa que es subjetiva tiene que ver con el título: Por la dignidad de las minorías sociales. Una sociedad, una administración y un partido político se miden por la capacidad que tenemos de asegurar la dignidad a las minorías sociales; eso nos hace más decentes.

 
¿Quién apuesta por la igualdad? PDF Imprimir E-Mail
Pilar Sánchez Acera

El pasado día 24 de Noviembre asistí al municipio de Algete, invitada por una Asociación de Mujeres para participar en una mesa de debate. El tema de la jornada versaba sobre el Día Internacional contra la Violencia de Género que tendría lugar al día siguiente, el 25 de Noviembre.

He dado muchas vueltas, pero lo que quiero hoy contaros es cómo la acción conjunta de la sociedad civil y las administraciones públicas pueden conseguir que la Violencia de Género un día desaparezca de nuestro pais.

En 2004, con la llegada al Gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE, se aprobó la primera Ley contra la Violencia de Género. Una Ley que señalaba con el dedo a los agresores, una Ley que mostraba el convencimiento de la sociedad democrática española de que esto no debe seguir pasando, una Ley que supuso un antes y un después en la Lucha conta esta lacra que es el maltrato.

Una Ley que ha sido, y es, criticada y cuestionada por algunos sectores conservadores; pero una Ley que hoy empezamos a ver que surte efectos y muy positivos. Y una Ley que este año 2009 ha propiciado que el número de mujeres asesinadas por esta causa haya disminuído, así como que el número de mujeres que denuncian y que dicen que ya basta ha aumentado.

Es decir, el número de mujeres que confían en el respaldo de esta Ley, que consideran que esta Ley es una salida a su situación de agresión constante, incrementa porque ven que es posible una solución.

La Ley necesita de muchos recursos, recursos del Estado, de las Comunidades y de los Ayuntamientos. Y es aquí donde quisiera plantear la pregunta del título, ¿Quién apuesta por la Igualdad en Algete?. Y, por qué me hago la pregunta. Porque no me entra en la cabeza que la Alcaldesa de Algete vaya a derribar un edificio, ya casi terminado, cuyo destino iba a ser convertirse en la primera y única Casa de la Mujer de esa ciudad. Un espacio donde las mujeres de Algete podrían tener cursos específicos de formación para paliar la desigualdad en empleo; un espacio donde las mujeres de Algete podrían realizar cursos para ampliar conocimientos en temas específicos de salud; un espacio donde las mujeres de Algete podrían reunirse y desarrollar actividades acordadas por las organizaciones sociales alas que pertenezcan; un espacio donde se podría tratar a las mujeres de Algete con problemas legales o psicológicos; un espacio deonde se pudiera plantear un aestrategia para luchar contra la violencia de género. Porque todo esto y más es lo que se hace en las Casas de la Mujer de los municipios que sí la tienen, y porque todo eso y más es apostar por la verdadera Igualdad de Género.

Claro, que la alcaldesa piensa que la Igualdad de Género llegó a Algete el día que tomó posesión de su cargo; pues no, la Igualdad entre hombres y mujeres es una apuesta constante y que un responsable político debe tener en su Agenda día tras día.
 

 
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